Texto completo - Suprema Corte de Justicia

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A C U E R D O En la ciudad de La Plata, a 6 de junio de 2012, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Soria, Negri, de Lázzari, se reúnen Justicia los en señores acuerdo jueces ordinario de la para Suprema pronunciar Corte de sentencia definitiva en la causa L. 97.035, Yotti, Marisa Silvia contra Camino del Abra S.A.C.V. Indemnización por despido . A N T E C E D E N T E S El Tribunal del Trabajo del Departamento Judicial Azul, con asiento en la ciudad de Tandil, acogió parcialmente la demanda deducida, imponiendo las costas en un 50% a cargo de cada una de las partes (fs. 200/218 vta.). La 235/243) actora (fs. dedujeron 227/232) y recursos la demandada (fs. extraordinarios de inaplicabilidad de ley. Dictada la providencia de autos (fs. 261) y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario inaplicabilidad de ley incoado por la demandada? 2ª) ¿Lo es el interpuesto por la actora? de V O T A C I Ó N A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo: I. En lo que interesa para resolver la presente cuestión, el tribunal interviniente hizo lugar a la demanda interpuesta por Marisa Silvia Yotti contra Camino del Abra S.A.C.V. , en cuanto le había reclamado el cobro de la integración del mes de despido y las indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva de preaviso, así como las previstas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 16 de la ley 25.561. En lo que respecta a las indemnizaciones establecidas en los arts. 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, el a quo declaró su procedencia por entender que el contrato de trabajo que ligó a las partes se extinguió por el despido sin causa que le fuera notificado a la actora el día 1-XII-2003. Sobre esa base, desestimó la petición de la accionada de que se considerase configurada en autos la causal extintiva receptada en el art. 247 del mismo cuerpo normativo, habida cuenta que -puntualizó, con cita de la doctrina legal de esta Suprema Corte- por imperio de la regla de la invariabilidad de la causa del despido consagrada en el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, no puede admitirse la modificación posterior de los motivos en que se funda la ruptura del contrato consignada en la comunicación que se hiciera por escrito al trabajador (vered., fs. 196/197 y sent., fs. 204 vta./205). Sentado ello, el tribunal acogió la indemnización establecida en el art. 16 de la ley 25.561, en la inteligencia de que, habiéndose producido un despido sin causa, su procedencia no podía ofrecer duda alguna (sent., fs. 206 vta.). En lo que concierne a la indemnización establecida en el art. 2 de la ley 25.323, el juzgador dispuso su progreso fehacientemente consagradas en virtud intimada en los arts. a de que pagar 232, 233 la las y accionada fue indemnizaciones 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y, pese a ello, no las abonó, sino que sólo consignó imputación en al la causa resarcimiento la por suma de $16.090, antigüedad. Empero, con en atención a las características que rodearon la terminación del contrato de trabajo (encuadre legal erróneo de la actora pero sin que hubiera mediado mala fe en el error de la empresa, a lo que añadió el pago parcial efectuado), resolvió -en ejercicio de la facultad consagrada en el art. 2, párrafo segundo, de la ley 25.323- reducir a la mitad el importe de dicha sanción (sent., fs. 205 y vta.). II. inaplicabilidad En el de ley, recurso la extraordinario demandada denuncia de errónea aplicación de los arts. 21, 62, 63, 245 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo; 2 de la ley 25.323 y 16 de la ley 25.561. 1. En lo sustancial, señala que debería haberse utilizado la figura extintiva del art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece la indemnización reducida ante la existencia de fuerza mayor o disminución del trabajo fehacientemente comprobada y no imputable al empleador. Al respecto, afirma que en autos quedó demostrado que la accionada era la concesionaria de la Ruta Nacional 226 y que dicha concesión expiró por vencimiento del plazo el día 31-X-2003, momento a partir del cual debió restituir el corredor vial al Estado nacional. En consecuencia -expresa- resultando que la demandada no tenía otra concesión dación de bajo trabajo, su órbita, no verificándose tenía así la posibilidad de situación de crisis que viabiliza la aplicación al caso de la causal extintiva mencionada. Agrega que en autos quedó demostrado que la accionada celebró el procedimiento preventivo de crisis, en cuyo contexto se arribó a un acuerdo que resultó homologado, lo que indica que existió una situación particular que motivó la extinción de todos los contratos laborales, resultando indiferente que la actora no hubiera quedado alcanzada por los términos de dicho acuerdo, toda vez que lo relevante es que quedó configurada la situación de crisis o falta de trabajo derivada del cierre de la concesión que autoriza a encuadrar la situación en el marco del art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. En otro orden de ideas, alega que la circunstancia de que la accionada no hubiera invocado la causal de fuerza mayor en el telegrama de despido no puede ser óbice para aplicar la causal extintiva indicada, toda vez que aquélla había tramitado el procedimiento preventivo de crisis y era público y notorio el cese de la concesión. Precisa, en ese sentido, que el empleador no invocó causal alguna en el telegrama rescisorio a sabiendas de que tenía que indemnizar a la actora en los términos del convenio de crisis acordado tornaba innecesario invocar con el sindicato, lo obvio en el lo que despacho telegráfico de marras (fs. 241 vta.). 2. También cuestiona la aplicación al caso del art. 16 de la ley 25.561. Sobre el particular, sostiene que, aun cuando debiera estarse a la indemnización del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, ello en modo alguno justifica la aplicación del Ello pues así, agravamiento si bien la indemnizatorio extinción del en cuestión. contrato de concesión podría haber sido conocida por el empleador, éste no podía saber, en el año 1990, que once años después iba a sobrevenir una crisis económica y que iba a decretarse la emergencia laboral , por lo que no es justo ni razonable sancionar a la accionada con la duplicación indemnizatoria, al tener la imposibilidad de seguir dando ocupación. 3. Por último, se queja de la condena a pagar la indemnización establecida en el art. 2 de la ley 25.323. Al respecto, señala que si el propio juzgador reconoció que no existió mala fe de parte de la demandada, no debió haber simplemente reducido el incremento de dicha sanción sino eximirla de su pago. En consecuencia -afirmala condena resulta confiscatoria y viola el derecho de propiedad sobradamente amparado por la Constitución Provincial y Nacional (fs. 242). Agrega que la empresa siempre puso a disposición de la actora función la del indemnización convenio de que crisis le correspondía tramitado, en resultando irrelevante que el monto deviniese, a la postre, inferior al reconocido en la sentencia. III. El recurso es improcedente. 1. El agravio dirigido a cuestionar la condena a pagar las indemnizaciones establecidas en los arts. 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo es inatendible. a. No resulta controvertido que la accionada despidió a la actora el día 1-XII-2003, en los siguientes términos: Comunicámosle prescindiremos de sus que a servicios. partir de Haberes y la fecha liquidación final a su disposición (telegrama de fs. 5 y vered., fs. 196 y vta.). Partiendo del análisis de dicha misiva, el tribunal de grado arribó a la conclusión de que el contrato se extinguió por el despido sin causa notificado por el empleador. alguno Destacó y en que virtud -siendo de la que no fijeza se invocó prejudicial motivo que se desprende del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo y su doctrina legal- no resultaba atendible la pretensión de la accionada de considerar extinguido el vínculo en los términos del art. 247 de dicho cuerpo legal, habida cuenta que ni siquiera se mencionó en la comunicación rescisoria la fuerza mayor que intentó justificar en la contestación de la demanda (vered., fs. 196/197). b. Entiendo que la decisión del a quo resulta inobjetable. Como bien lo puntualizó el juzgador, cuando de las causas de cesantía se trata, existe una suerte de fijeza prejudicial, en el sentido que no se admitirá la modificación posterior de los motivos en que se funda la ruptura del contrato consignada en la comunicación que se hiciera por escrito al trabajador, según lo dispone el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto de la invariabilidad de la causa de despido (conf. L. 33.158, Segovia Monjes , sent. del 15-V-1984; L. 37.511, Pereyra , sent. del 9-VI-1987, entre muchas). En consecuencia, conforme la prohibición expresa contenida en el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, fijada la causa de despido, ésta no puede ser posteriormente modificada por la demandada al ejercer su defensa en sede judicial (conf. L. 86.069, Sánchez , sent. del 25-IV- 2007), resultando inadmisible cambiar los motivos en que se fundó la ruptura comunicación de del la contrato cesantía con (conf. posterioridad L. 75.115, a la Saenz , sent. del 2-X-2002). En el caso, la accionada decidió extinguir el contrato de trabajo que lo ligaba con la accionante de manera completamente inmotivada, limitándose a señalar en la comunicación servicios , legitimar mas extintiva sin dicho invocar proceder. que prescindía justificación En de sus alguna para consecuencia, resulta inadmisible la pretensión que extemporáneamente introduce en la réplica, en orden a que se juzgue configurada la causal establecida en el art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo -fuerza mayor o falta o disminución de trabajo no imputable al empleador- habida cuenta que dicho motivo no fue oportunamente esgrimido en la comunicación rescisoria. c. En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el agravio y confirmar la sentencia atacada en cuanto declaró la procedencia de las indemnizaciones establecidas en los arts. 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. 2. Tampoco ha de prosperar la crítica vinculada al progreso de la indemnización establecida en el art. 16 de la ley 25.561. a. El tribunal consideró que -resultando injustificado el despido dispuesto por la accionada- la procedencia de la duplicación indemnizatoria establecida en el precepto en cuestión, para el caso de transgresión de la suspensión de los despidos sin causa justificada, no puede ofrecer duda alguna (sent., fs. 206 vta.). La recurrente pronunciamiento, cuestiona señalando, en lo dicho aspecto sustancial, que del -aun cuando se considerase injustificado el despido y procedente la indemnización del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo- resulta inaplicable al caso el art. 16 de la ley 25.561, toda vez que, al momento en que se otorgó a la demandada la concesión, no podía preverse la emergencia económica, no resultando razonable aplicar dicho agravante a quien se vio obligado a desvincular al personal ante la imposibilidad de continuar dando trabajo (recurso, fs. 240 y vta.). b. El agravio es ineficaz para modificar lo resuelto. Como vimos, el despido de la actora fue dispuesto sin invocación de causa, por lo que el tribunal lo juzgó -en conclusión que debe permanecer firme, según lo resuelto en el apartado anterior- injustificado en los términos del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Siendo ello así, el distracto debe considerarse incluido en el ámbito material de aplicación del art. 16 de la ley 25.561, habida cuenta que -como lo ha resuelto esta Corte- la locución despido sin causa justificada , contenida en dicho precepto legal, comprende toda clase de despido arbitrario, ya sea que no se invoque causa o que los motivos receptados bajo el concepto de justa causa no hayan sido probados (conf. L. 91.418, Battaglia , sent. del 8-VII-2008, con voto del doctor Soria al que presté mi adhesión). Cabe agregar a ello que el despido se produjo el día 1-XII-2003 (vered., fs. 196), quedando en consecuencia incluido en el ámbito temporal de aplicación de la medida de emergencia establecida en dicho precepto, a tenor de lo prescripto por el art. 1 del decreto 256/2003 (B.O. del 26VI-2003), despidos que sin dispuso causa prorrogar justificada la y suspensión demás de los disposiciones contenidas en la última parte del artículo 16 de la Ley N° 25.561 (cuya vigencia fuera previamente extendida por los decretos 883/2002 -B.O. del 29-V-2002- y 662/2003 -B.O. del 21-III-2003-) hasta el 31-XII-2003. Por lo tanto, se impone concluir que la procedencia del agravante indemnizatorio allí establecido resulta indudable, siendo irrelevantes los argumentos que invoca la quejosa para modificar lo decidido por el tribunal de origen. 3. relacionado Finalmente, a la tampoco procedencia prospera de la el agravio indemnización establecida en el art. 2 de la ley 25.323. a. El tribunal, comprobado que el actor intimó fehacientemente a la accionada el pago de las indemnizaciones derivadas del despido sin que ella se las abonare (habida cuenta que recién depositó, una vez iniciadas las presentes actuaciones, la insuficiente suma de $ 16.090), declaró la procedencia de la sanción indemnizatoria en cuestión. Empero, teniendo en cuenta que las características que rodearon la terminación de la relación laboral (encuadre erróneo de la actora en el convenio de crisis celebrado por la demandada, sin que hubiera mediado mala fe por parte de ésta, a lo que adunó el pago parcial referido), el a quo juzgó -en ejercicio de la atribución conferida por el art. 2 de la ley 25.323- que correspondía reducir el importe de la sanción a la mitad (sent., fs. 205 vta.). b. La recurrente cuestiona dicha decisión del juzgador y sostiene que -no habiendo mediado mala fe y habiendo puesto a disposición el importe que entendió le correspondía percibir al accionante- corresponde la eximición del pago de la indemnización referida. c. Juzgo que no le asiste razón. Tiene dicho esta Corte que la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323 está generada por la dilación en el pago de las que correspondan por despido injustificado. Es decir, que la sanción se vincula con la conducta morosa del empleador que, fehacientemente intimado, no abona en término las indemnizaciones derivadas del despido judiciales obligando o percibirlas, con al instancias la trabajador previas consiguiente a iniciar acciones obligatorias pérdida de para tiempo y esfuerzo (conf. causa L. 90.473, Dolcini , sent. del 23IV-2008). En autos se verificaron todos los presupuestos para la aplicación de la sanción en cuestión, por lo que la procedencia decidida en la instancia resulta, en principio, inobjetable. Sentado ello, cabe señalar que la decisión del juzgador de reducir la cuantía de la indemnización referida (en lugar de la lisa y llana eximición de pago que pretende la quejosa) fue adoptada en ejercicio de una función privativa, que sólo sería revisable en caso de absurdo. Así -en criterio elaborado en torno al art. 16 de la ley 24.013, que establece una facultad similar a la que reconoce a los jueces el art. 2 de la ley 25.323 para reducir y hasta eximir el pago de las sanciones indemnizatorias allí establecidas- esta Corte ha señalado que el ejercicio de tal atribución resulta privativo de los tribunales de grado y ajeno, en principio, a la casación, salvo que se compruebe la existencia de absurdo (conf. causas Ac. 69.515, Fernández , res. del 23-XII-1997; L. 89.699, Michelli , sent. del 7-IX-2005). Partiendo de tal razonamiento -que, atento las similitudes entre ambas normas, juzgo aplicable al casoconsidero que lo resuelto en la instancia de origen debe ser confirmado, toda vez que la recurrente no ha invocado el grave vicio referido. Destaco, en ese sentido, que la circunstancia de que la accionada referida (ver procedencia consignada de fs. la resultó judicialmente hubiera 67), depositado en sanción, modo no notoriamente reconocidos en en autos alguno sólo inferior obsta porque a concepto la los la suma a la suma importes de las indemnizaciones establecidas en los arts. 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, sino también porque fue puesta a disposición de la accionante con posterioridad a la intimación fehaciente de pago, una vez que ya se había iniciado el presente proceso y trabado la litis, lo que demuestra que, en última instancia, la trabajadora se vio obligada a iniciar percibirlas, las actuaciones verificándose los judiciales presupuestos para para la procedencia de la sanción establecida en el art. 2 de la ley 25.323. IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso traído y confirmar la sentencia atacada en cuanto fue materia de agravio. Costas a la recurrente vencida (art. 289 del C.P.C.C.). Voto por la negativa. Los señores jueces doctores Soria, Negri y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la negativa. A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo: I. consideró En que comprobantes , lo el que interesa, rubro mensualmente el reintegro percibido tribunal de por de grado gastos la actora, sin no tiene carácter remuneratorio y rechazó las indemnizaciones establecidas en los arts. 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Asimismo, redujo a la mitad la cuantía de la indemnización consagrada en el art. 2 de 25.323. la ley 1. En lo que respecta al rubro reintegro de gastos sin comprobantes , el a quo fundó su decisión en el art. 105, inc. concluyendo que b) de dichos la Ley de Cont
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