INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION. CONFERENCE Global and Regional Powers in a Changing World UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, PDF

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INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION CONFERENCE Global and Regional Powers in a Changing World UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 2014 Panel: New Regional Responses to Media and Power in South America Chair: Ernesto Vivares, PhD, FLACSO, Sede Ecuador El DEBATE DE LA LEY DE MEDIOS: CIUDADANÍA, OPINIÓN PÚBLICA Y CONFLICTO EN ECUADOR Isabel Ramos Mauro Cerbino FLACSO, Sede Ecuador Resumen Este trabajo analiza las relaciones entre el sistema político y el sistema de medios, y los modos en que esa relación se plasmó en la legislación y en el marco institucional de la política estatal en el Ecuador, al momento de sancionar la Ley Orgánica de Comunicación. En el marco de una ruptura populista que se caracterizaría por una dicotomización del espacio social y político, surge una nueva relación entre los medios y el gobierno actual; ambos establecen una disputa por la opinión pública, cuyo objetivo central será para el gobierno, la consolidación de su proyecto hegemónico, para lo cual resulta indispensable la politización de las empresas mediáticas, la cual ha logrado el gobierno, a través de sus mismas lógicas y dispositivos. 1. Introducción Partiré de una reflexión sobre los nuevos escenarios de confrontación entre el gobierno y los medios de titularidad privada, tomando como centro el caso de Ecuador, que también se observan en otros países de la región latinoamericana, especialmente en Argentina, Bolivia y Venezuela, en el marco de gobiernos llamados neopopulistas. Según Follari, los neopopulismos latinoamericanos están presentados por gobiernos de izquierda 1 caracterizados por liderazgos personalistas fuertes, participación activa de movimientos sociales y rechazo del neoliberalismo económico y liberalismo político 1. Sostengo como tesis principal que dicha confrontación tiene el propósito de construir una plataforma de disputa en torno de la opinión pública, teniendo en cuenta que - como una amplia literatura lo sostiene- la misma se configura como la principal consecuencia de la acción mediática. La opinión pública, en conceptos de Gramsci, estaría vinculada con la hegemonía política, o sea, que es el punto de contacto entre la sociedad civil y la sociedad política, entre el consenso y la fuerza ( ) El Estado, cuando quiere iniciar una acción poco popular, crea preventivamente la opinión pública adecuada 2 Asumimos como supuesto que los gobiernos latinoamericanos mencionados pueden ser interpretados bajo la teoría de la ruptura populista de Laclau, es decir, que en esta forma particular de representación política tienen un signo en común. Según ilustra Laclau, partiendo de la teoría de la ruptura populista, para que la misma se produzca: la condición ineludible es que haya tenido lugar una dicotomización del espacio social, que los actores se vean a sí mismos como partícipes de uno u otro de dos campos enfrentados. Construir al pueblo como actor colectivo significa apelar a «los de abajo», en una oposición frontal con el régimen existente. Esto implica que, de una forma u otra, los canales institucionales existentes para la vehiculización de las demandas sociales han perdido su eficacia y legitimidad, y que la nueva configuración hegemónica el nuevo «bloque histórico», para usar la expresión gramsciana supondrá un cambio de régimen y una reestructuración del espacio público. 3 Esta teoría no contempla, sin embargo, una aproximación directa, en torno al papel de los medios de comunicación privados, tanto por lo que concierne a esa representación política populista, como en lo específico de la disputa gobierno-medios. 1 FOLLARI, Roberto, La alternativa neopopulista. El reto latinoamericano al republicanismo liberal. Rosario, 2010, Homo Sapiens, p GRAMSCI, Antonio, Cuadernos de la cárcel 3, Ediciones Era, México, D.F., LACLAU, Ernesto, La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana. Revista Nueva Sociedad, Nº 205, 2006, pp El populismo nos ilustra un modo de representación política, y la importancia de la confrontación por la cual la lucha entre gobierno y medios es clave, ya que la sociedad contemporánea no puede pensarse sin opinión pública. Tampoco puede pensarse ninguna ruptura política ni tipo de gobernabilidad sin tener en cuenta el conflicto con los medios. Dado que aquella está influenciada por los medios, hasta el punto en que se puede hablar de una gobernabilidad mediática, de lo que se trataría es de analizar si se configuran otras maneras de dar cuenta de una gobernabilidad que se re politice a sí misma, desmarcándose del condicionamiento mediático. Sostenemos aquí que la acción del gobierno de Rafael Correa va en este sentido y que en este contexto, la opinión pública ya no es solamente influida por los medios sino también por el gobierno (en el mismo escenario de lo mediático). Al contrario de lo que desarrollamos en otros trabajos, 4 el conflicto con los medios no abona a una despolitización de lo político, sino que tiende a re politizar el gobierno y la opinión pública, a través de la politización de los medios, y de la misma acción mediática, también protagonizada por el gobierno. En las sociedades contemporáneas no es posible pensar, hasta el momento, ninguna representación política ni conformación hegemónica sin el rol de los medios de comunicación, razón por la cual la confrontación o disputa por la opinión pública, en nuestra tesis, cobra un significado político particular. La intención del presente trabajo es contribuir a una reflexión, por ahora muy poco presente, que tenga en cuenta la articulación entre el sistema político y el de medios, con relación al debate sobre la opinión pública, como marco de referencia para pensar el papel de los medios en la representación neo populista del gobierno de Rafael Correa. 2. Las relaciones entre los medios y la política antes de Correa 4 CERBINO, Mauro y RAMOS, Isabel, Medios de comunicación y despolitización de la política en Ecuador. En Cañizález, A. (Coord), Tiempos de Cambio. Política y Comunicación en América Latina, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello ALAIC, 2009, pp , y también CERBINO, Mauro y RAMOS Isabel, Medios y política en el Ecuador. Los términos de una confrontación. En Rodríguez Arrechavaleta, C. y Moreira, C. (Ed), Comunicación política y democratización en Iberoamérica, Universidad Iberoamericana. México, 2011, pp , y CERBINO, Mauro y otros, Ecuador: Comunicación gubernamental y despolitización mediática: De espaldas a la ciudadanía. En Ponce M. y Rincón O. (Coord), Caudillismo, e- política y teledemocracia, Fin de Siglo -Universidad Católica del Uruguay. Montevideo, 2013, pp Hasta la asunción de Rafael Correa a la Presidencia de la República, los vínculos mantenidos por el Estado ecuatoriano con el sistema de medios privados, 5 pueden ser vistas como de connivencia e incluso de colusión, puesto que favorecieron y naturalizaron el privilegio de los medios de gestión privada por sobre otros tipos de medios de comunicación y por sobre las audiencias, sin que hayan existido diferencias sustanciales entre los sucesivos gobiernos más o menos conservadores. Las asimetrías en el acceso al espacio mediático y a la producción de contenidos para la circulación masiva, que reflejan las profundas desigualdades de la sociedad ecuatoriana, se han consolidado por vías normativas y legales. La legislación y las políticas comunicacionales desarrolladas y mantenidas por gobiernos de distinto signo han supuesto, como dice Tilly, 6 la inscripción de desigualdades sociales en la vida pública puesto que han consagrado el privilegio económico y enunciativo de las empresas mediáticas privadas, por sobre los derechos de los periodistas y las audiencias. Sostenemos, por un lado, que la histórica connivencia entre los medios y los gobiernos, como revisaremos a continuación, ha generado un esquema en el cual la gobernabilidad estaba fuertemente influenciada por los medios privados. Por otro lado, los negocios mediáticos crecieron bajo el amparo de los distintos gobiernos. Una breve aproximación a las normas legales existentes en el país en materia de prensa y medios audiovisuales indica, con claridad, que las empresas mediáticas han sido fuertemente respaldadas por los sucesivos gobiernos democráticos y dictatoriales, sin distinción de tendencia ideológica ni de proyecto político. Los beneficios asignados históricamente por el Estado ecuatoriano a los empresarios privados que explotan medios de comunicación, pueden clasificarse bajo cuatro criterios. Primero, aquellos que suponen la transferencia de fondos desde el Estado central a las empresas mediáticas. Segundo, los que contribuyen a mejorar la rentabilidad de los medios, 5 HALLIN, Daniel y MANCHINI, Paolo, Sistemas mediáticos comparados. Tres modelos de relación entre los medios de comunicación y la política. Barcelona, Hacer, Los autores establecen una relación directa entre el sistema de medios y el sistema político. 6 TILLY, Charles, Contienda política y democracia en Europa, Barcelona, Hacer, a través de la inyección de recursos provenientes de las entidades subnacionales de gobierno, los partidos políticos, los trabajadores de prensa y los ciudadanos comunes. En tercer lugar, medidas legales o reglamentarias que han proporcionado a las empresas periodísticas y medios de comunicación un acceso privilegiado a espacios institucionales de toma de decisiones que podrían incidir en la actividad del sector. Finalmente, regulaciones que han facilitado la concentración de la propiedad de medios, la formación de conglomerados y el ejercicio de prácticas oligopólicas. Revisemos los beneficios legalmente establecidos que significan la transferencia, directa o indirecta, de recursos públicos hacia los medios privados. La prensa gráfica inicialmente, y luego la radio y la televisión, fueron reconocidas por el Estado ecuatoriano como actividades industriales, lo que significó su incorporación a la larga lista de empresas beneficiarias de la Ley de Fomento Industrial 7, todas ellas vinculadas económica y políticamente a las élites tradicionales. Es preciso tener en cuenta que la mencionada Ley fue concebida como un mecanismo de la política estatal de fomento a la industrialización por sustitución de importaciones implementada a mediados del siglo pasado, lo cual, según entendemos, resulta difícilmente aplicable a la actividad de los medios masivos ya que a pesar de que estos podrían ser considerados industrias culturales, queda por demostrarse en un debate nacional, serio y riguroso, de qué modo los medios de comunicación han contribuido al desarrollo del país como industrias. Las ventajas acordadas a las empresas mediáticas -periodísticas y audiovisuales- a partir de su reconocimiento como industrias de transformación se han traducido en importantes transferencias de fondos públicos a manos de empresarios privados. Los beneficios del régimen nacional de fomento industrial han estado vigentes por cerca de 50 años; entre ellas se estacan la exoneración de impuestos que gravan la constitución de capitales y la emisión de títulos o acciones de las sociedades, la exoneración por 10 años de derechos arancelarios, a la importación de maquinaria, equipos y repuestos que no se 7 Mediante Decreto Ejecutivo N 1661, publicado en el Registro Oficial 252, del 27/08/1969, la prensa, la radio y la televisión son declaradas industrias de transformación protegidas por la Ley de Fomento Industrial. Posteriormente, en 1987, se sanciona el Acuerdo Legislativo N 105, a través del cual se declara que la radiodifusión y la televisión serán consideradas industrias de la publicidad con la finalidad de puedan convertirse en sujetos de crédito de las instituciones financieras del Estado, carácter del que ya gozaban las empresas de prensa gráfica desde produzcan en el país, exoneración de impuestos a las ventas y derechos arancelarios, entre otros 8, del pago de impuestos a las radiodifusoras y televisoras comerciales a las ventas y las ganancias 9, y la reducción del 50% en las tarifas postales a las empresas periodísticas 10. El segundo grupo de incentivos, según la clasificación que propusimos, posibilita que las empresas mediáticas incorporen más recursos, a través de la aplicación de diversas normas legales y reglamentarias, que disponen que entidades como los Municipios, los Consejos Provinciales, los partidos políticos, los bancos, e incluso las personas individuales renten espacios publicitarios, especialmente en los medios gráficos. La publicación por la prensa ha sido consagrada principalmente a través de las sucesivas leyes de elecciones, de las normativas del Poder Judicial y de las más diversas reglamentaciones administrativas. Si bien los fondos que se movilizan a partir de estas publicaciones no provienen directamente del presupuesto general del Estado suponen, para los medios, fuertes y constantes ingresos aportados por entidades descentralizadas, empresas comerciales y financieras, asociaciones sin fines de lucro y economías familiares. Lo que llama nuestra atención es que es el Estado quien ha dispuesto que estas transferencias sean obligatorias. La tercera ventaja mencionada consiste en que, además de los beneficios económicos ya mencionados, el Estado ecuatoriano ha legitimado la participación de los dueños de medios en espacios políticos y administrativos en los cuales se toman decisiones que inciden directa o indirectamente en sus propias actividades empresariales. Por ejemplo, la existencia de una posición de legislador nacional por el periodismo y las instituciones culturales, consagrada en las Constituciones de 1929, 1945 y 1967, que fue ocupada casi siempre por empresarios o por empleados jerárquicos de empresas mediáticas, demuestra esa connivencia entre instituciones del Estado y dueños de medios en el ámbito de la participación política. Debe tenerse en cuenta además que la vinculación entre el Estado, y 8 Para mayor información, la reseña histórica publicada en el portal web oficial de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, creada en 2007 por el actual gobierno del Ecuador indica que La planificación estatal en el Ecuador se inició con la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica (Junapla), creada mediante Decreto Ley de Emergencia número 19, del 28 de mayo de En 1979, fue remplazada por el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE). 9 Decreto Supremo N 533, Registro Oficial 405, 2/04/65; Decreto Supremo N 1852, Registro Oficial 570, 24/08/ Decreto Supremo N 256, publicado en el Registro Oficial 165, del 17/02/ los distintos gobiernos se produjo también por la designación de periodistas connotados y propietarios de medios en ministerios estratégicos y en sedes diplomáticas consideradas apetecibles. En un marco legal así establecido, no es extraño que las asociaciones empresariales que explotan radioemisoras y canales de televisión hayan sido llamadas en 1995, a formar parte del Consejo Nacional de Radio y Televisión, CONARTEL. Su posición, con voz y voto, en la autoridad colegiada que regula sus actividades fue asegurada por la Ley de Radiodifusión actualmente vigente 11, sin que, desde su puesta en vigencia hasta el año 2008, se hayan realizado reclamos formales desde alguna entidad del Estado, por el evidente conflicto de intereses. En Ecuador existen leyes a partir de las cuales, no solo se hace posible, sino que se fomenta la concentración de la propiedad de medios de comunicación, y se contribuye a la formación de conglomerados mediáticos que favorecen la concentración de audiencias, como el decreto expedido por el gobierno de facto de que permite que las empresas periodísticas puedan instalar estaciones de radio, lo cual ha permitido que los accionistas de medios gráficos también se conviertan en dueños de radiodifusoras y canales de televisión. Los enormes beneficios que ha transferido el Estado hacia los medios han contribuido a potenciarlos, cuando no a delegarles poder. Esto ha neutralizado la posibilidad de constitución de medios que no sean de exclusiva titularidad privada, estableciéndose una paulatina autonomización, y por ende una capacidad de condicionar las distintas acciones de gobierno, en un proceso de adquisición de poder que llegó en ciertos momentos a poner en jaque a los mismos gobiernos. Los beneficios económicos y políticos han sido concedidos sin ninguna exigencia de calidad, relevancia pública e interés social en los productos informativos y de entretenimiento que difunden los medios de masas. Tampoco se ha exigido debidamente el cumplimiento de obligaciones laborales. Es decir, el Estado ecuatoriano no ha ofrecido a los trabajadores de prensa la misma protección que a los empresarios mediáticos, como tampoco a los ciudadanos comunes y a los colectivos comunitarios. 11 Ecuador, Ley Reformatoria a Ley de Radiodifusión y Televisión, publicada en el Registro Oficial 691 del 9/05/ Decreto Supremo N 26, publicado en el Registro Oficial 58, del 7/12/ 3. El giro de Correa en los vínculos con los medios: escenarios y episodios de contienda La confrontación entre Poder Ejecutivo y medios se ha desplegado en tres escenarios, con sus respectivos episodios contenciosos, que podemos anotar con claridad. El primer escenario es el que configura la confrontación desde el plano retórico. El segundo se sostiene en la judicialización de la acción mediática; el tercero tiene relación con la introducción de cambios normativos que tienden a modificar el estado de cosas anteriormente descrito en cuanto a la connivencia Estado-medios. En Ecuador en los últimos años, en consonancia con países como Argentina y Venezuela, el mimetismo de la política y la comunicación mediatizada ha traspasado los pocos límites imaginables, configurando una reinvención de la comunicación política que, desde la llegada de Rafael Correa al gobierno en 2007 presenta dos rasgos específicos. Por un lado, la comunicación gubernamental cuenta con un único narrador y está fuertemente sostenida por un dispositivo propagandístico que impugna cierto modo de concebir la política, y de comprender y administrar lo público, objetando el imaginario liberal de la prensa y denunciando su actuación política y corporativa, pero, paradojalmente, emplea estrategias similares a la de los medios comerciales. Del otro lado, el gran espectro de medios, cuya naturaleza se había alejado tiempo antes del puro ejercicio de contralor de las instituciones democráticas, perdiendo terreno en cuanto a equilibrio y calidad periodísticos, priorizó su actoría política al desplegar acciones abiertamente propagandísticas y corporativistas, y al disputarle directamente la palabra política al Ejecutivo. De este modo, la comunicación mediatizada se ha convertido en una de las principales líneas de conflictividad política en el país, en el contexto de vigentes reformas estatales, al punto tal que en las alocuciones presidenciales más importantes para la agenda de gobierno el Ejecutivo dedica largas intervenciones a calificar la actividad de la prensa de mediocre, corrupta y representante de los intereses de la partidocracia, llevando la disputa incluso al ámbito de la justicia ordinaria. Este tema ha tenido amplias repercusiones internacionales y le ha valido críticas de organismos como Reporteros Sin Fronteras (RSF), y la Relatoría para la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 8 Asistimos a un escenario inédito donde la comunicación mediatizada ha cobrado un papel medular en los modos de configurar representaciones sobre lo social y lo político, y en el que las estrategias propagandísticas del Ejecutivo y de los medios empresari
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